HABLANDO DE LOCOMOTORAS

Por J. R. Bermúdez

Frente a la comprensiva euforia del cambio de timonel, forma y fondo en el manejo del Estado colombiano, y ante la expectativa que crea el anuncio del Presidente Santos y su equipo, de darle énfasis a lo económico por contraste con la política de guerra, bases, espionajes y confrontaciones, cabe preguntar que tan posibles son las metas propuestas y como las van a conseguir.

De las cinco locomotoras que van a promover la economía nacional y modernizar el Estado con tasas de crecimiento cercanas a 10% anual: agro, minas, infraestructura, vivienda, ciencia y tecnología, será una maravilla saber cómo van a pasar al sector rural de los mapas de la guerra a las mesas de planificación económica.

Si aceptamos la figura de las cinco locomotoras, ¿dónde están las carrileras, paso niveles, estaciones de apoyo, el contingente de funcionarios, ingenieros y técnicos, que requiere la locomotora rural? Nadie duda de las calidades de Juan Camilo Restrepo, su conductor. Pero, de las cinco locomotoras, se nos antoja que la del agro es la más pobre y raquítica, ni tiene el motor que requiere.

Si a esta pobre locomotora agrícola le van a echar encima de sus escuálida estructura la restitución de 5.5 millones de hectáreas que los paramilitares y los narcos le arrebataron a los productores rurales, o devolverlos a las tierras que abandonaron por cuenta de la guerrilla, lo menos que podemos advertir es que no vemos cómo van a poner en marcha la tal locomotora, tan sobrecargada antes arrancar.

Un conocedor del tema, César Pardo Villalba, ex gerente del Banco Agrario y del Fondo para el Financiamiento del Sector Rural, FINAGRO; ex representante a la Cámara a fuer de agrónomo, sostuvo en reciente Seminario de la SAC para periodistas económicos, que no veía como el Ministerio de Agricultura iba a poder resolver los problemas de la producción y el de las tierras.

Porque, agrega Pardo, no se trata de resolver la tenencia legal de unas tierras, sino de unas muy buenas fincas en manos de narcos y paramilitares o sus testaferros, que nadie ha empadronado, ni medido, ni identificado plenamente; superpuestas o colindantes con tierras bien habidas, y en muchos casos legalizadas mediante varios traspasos ante autoridad, ahora en manos de unos tenedores de buena fe. Tarea monumental y costosa.

No menos grande es el reto de actualizar y rearmar los otros instrumentos de política rural: crédito, sanidad, ciencia aplicada al sector, el fortalecimiento de los mecanismos de comercialización interna y externa, crear la infraestructura de comercialización, almacenamiento y procesamiento de los alimentos y materias primas para consumo y exportación. Multiplicar por diez los ejemplos de la Federación de Cafeteros, ASOEXPORT, Colanta, Asocaña, Fedepalma, con los ajustes a que haya lugar.

Ante ese panorama, Pardo Villalba llama la atención sobre las amenazas que se ciernen, sobre el sistema de crédito rural, una de las herramientas del sector que ha mostrado su eficiencia, amenazada por economistas ortodoxos que consideran que esta herramienta no está en sus manuales de lo que debe ser el crédito, así ellos no conozcan las diferencias entre financiar la industria, el comercio y la producción rural, con su propia dinámica.

Si se considera la magnitud de las tareas que tendrá el Ministerio de Agricultura con los recursos disponibles, y las amenazas que enfrenta, la escasa ayuda que puede esperar de los gremios del sector, tan pobres como el Ministerio, será digno de ver el desenlace. ¿Estará el país a la altura del reto? ¿Podrá esta vez sí, hacer lo que intentaron en su momento López Pumarejo y Lleras Restrepo? Doctores Santos y Restrepo, estamos pendiente de ustedes.

EL ANHELO NACIONAL

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Por Reinaldo Ramírez García*

Para la intelectualidad colombiana, por lo menos aquella que se prodiga en las columnas de opinión, ha pasado casi desapercibido el cambio de doctrina militar de Washington. Barak Obama, al anunciar el retiro de tropas de Irak, estimó que el terrorismo es una “táctica” y no una ideología o un partido, como lo consideraba el Departamento de Estado en la era Bush. No puede ser un objetivo militar. Esto tiene efectos innegables en la política interna y exterior de Colombia y, por consiguiente, en la agenda de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Ya no cabe el argumento de que con los terroristas no se negocia, porque una táctica no constituye una contraparte. En Colombia, la contraparte del Estado es un sector rebelde que se denomina a sí mismo FARC y ELN, sin importar sus modalidades de acción militar o política.
Todavía es temprano para apreciar hasta donde llegará el deslinde, si es que lo hay, entre el talante y los programas de Juan Manuel Santos y los del gobierno anterior. Pero lo que se observa es la continuidad de la línea belicista cuyo objetivo es la rendición incondicional de los alzados en armas y que se expresa en un gasto militar que algunos analistas estiman en casi el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto y más del 15 por ciento del presupuesto nacional. Este despilfarro, más que improductivo, es destructivo de la población y del medio ambiente y está en camino de provocar una gravísima crisis fiscal.
No puede subestimarse el hecho de que la ayuda norteamericana, tasada en 7.300 millones de dólares, en aplicación del Plan Colombia (antiterrorista y antinarcóticos) ha sido fundamental para la guerra interna y sus pregonados éxitos. Por lo tanto, la revisión que el gobierno Obama adelanta sobre las fracasadas estrategias represivas contra la producción y tráfico de drogas y la financiación de la “guerra al terrorismo”, tendrán incidencia en la herencia de Uribe, el huevito de la seguridad democrática, que se ha traducido en la cascada de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, a la vista de la comunidad internacional y que están sólidamente documentados en el último informe y observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Colombia (30 de julio 2010. Ver: www.hchr.org.co).
No obstante, para la opinión popular, sus organizaciones sociales y políticas y la red de defensores de derechos humanos, tienen un gran valor las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre la eventual apertura de una negociación con la guerrilla. Ha dicho que tiene la llave y asume la facultad de decidir cuando la usa.
No abrigamos dudas de que la terminación de la guerra interna de Colombia será el primer paso para la restauración del respeto a los derechos humanos y que este escenario solo será posible con la movilización de toda la población que anhela vivir y trabajar en paz.

*Periodista, miembro del CPDH.