.
Por Reinaldo Ramírez García*
Para la intelectualidad colombiana, por lo menos aquella que se prodiga en las columnas de opinión, ha pasado casi desapercibido el cambio de doctrina militar de Washington. Barak Obama, al anunciar el retiro de tropas de Irak, estimó que el terrorismo es una “táctica” y no una ideología o un partido, como lo consideraba el Departamento de Estado en la era Bush. No puede ser un objetivo militar. Esto tiene efectos innegables en la política interna y exterior de Colombia y, por consiguiente, en la agenda de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Ya no cabe el argumento de que con los terroristas no se negocia, porque una táctica no constituye una contraparte. En Colombia, la contraparte del Estado es un sector rebelde que se denomina a sí mismo FARC y ELN, sin importar sus modalidades de acción militar o política.
Todavía es temprano para apreciar hasta donde llegará el deslinde, si es que lo hay, entre el talante y los programas de Juan Manuel Santos y los del gobierno anterior. Pero lo que se observa es la continuidad de la línea belicista cuyo objetivo es la rendición incondicional de los alzados en armas y que se expresa en un gasto militar que algunos analistas estiman en casi el 6.5 por ciento del Producto Interno Bruto y más del 15 por ciento del presupuesto nacional. Este despilfarro, más que improductivo, es destructivo de la población y del medio ambiente y está en camino de provocar una gravísima crisis fiscal.
No puede subestimarse el hecho de que la ayuda norteamericana, tasada en 7.300 millones de dólares, en aplicación del Plan Colombia (antiterrorista y antinarcóticos) ha sido fundamental para la guerra interna y sus pregonados éxitos. Por lo tanto, la revisión que el gobierno Obama adelanta sobre las fracasadas estrategias represivas contra la producción y tráfico de drogas y la financiación de la “guerra al terrorismo”, tendrán incidencia en la herencia de Uribe, el huevito de la seguridad democrática, que se ha traducido en la cascada de crímenes de guerra y violaciones a los derechos humanos, a la vista de la comunidad internacional y que están sólidamente documentados en el último informe y observaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre Colombia (30 de julio 2010. Ver: www.hchr.org.co).
No obstante, para la opinión popular, sus organizaciones sociales y políticas y la red de defensores de derechos humanos, tienen un gran valor las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos sobre la eventual apertura de una negociación con la guerrilla. Ha dicho que tiene la llave y asume la facultad de decidir cuando la usa.
No abrigamos dudas de que la terminación de la guerra interna de Colombia será el primer paso para la restauración del respeto a los derechos humanos y que este escenario solo será posible con la movilización de toda la población que anhela vivir y trabajar en paz.
*Periodista, miembro del CPDH.
jueves, 26 de agosto de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario