"HABLAR DE SOBERANÍA COLOMBIANA ES UN CHISTE": NOAM CHOMSKY

En una entrevista a un medio radial venezolano, Noam Chomsky, el científico e intelectual progresista nortamericano que visita por primera vez el país vecino, sostiene que hablar de soberanía de Colombia es un chiste.

En la entrevista se habló de las actuales relaciones de Estados Unidos con America Latina y de las tensiones con países gobernados por la izquierda. Y se tocó el tema de las bases militares en Colombia, recordando como el gobierno de Uribe y algunos otros del continente hablan de que se trata de un asunto soberano de este país y que como tal debe respetarse.

"Hablar de soberanía colombiana es un chiste. El Plan Colombia, creado por Clinton, es una intervención agresiva en los asuntos internos de Colombia, que ha tenido consecuencias. Hay un pretexto, y el pretexto es la guerra contra el narcotráfico, pero es solo un pretexto y no se puede tomar en serio. Y el establecimiento de las bases militares en Colombia es una reacción al hecho de que EE.UU. ha perdido su posición militar en otros países. Ecuador desactivó la base en Manta, que le daba a EE.UU. gran capacidad de vigilancia aérea en la región. Paraguay era una especie de base militar estadounidense, y eso ya se acabó. Tenían que reconstruirla en otra parte y Colombia es el único país donde podían hacerlo.

El golpe en Honduras es parte de otro proceso. Centroamérica había sido tan devastada por las guerras contra el terrorismo de Reagan que no era parte de la tendencia de la llamada marea rosa, hacia la integración latinoamericana. Honduras estaba en el camino de la integración, y bueno ahora ya no, ellos creen, y en realidad se ha expandido en Centroamérica. Nicaragua es otro caso. Todo esto me parece que es un intento de recuperar la posición tradicional incluso antes, hace 10 ó 15 años el entrenamiento de oficiales ha aumentado rápidamente, y ha cambiado, ahora el entrenamiento es en tácticas de infantería. La idea es crear fuerzas paramilitares, no están entrenando policías de tránsito.

El control de la “ayuda” oficial ha cambiado del Departamento de Estado, ahora está en manos del Pentágono, que es un cambio relevante. Cuando estaba bajo el Departamento de Estado tenía al menos en teoría supervisión del Congreso, que quiere decir que había condiciones que había que cumplir sobre derechos humanos por ejemplo, que no se implementaban mucho, pero eran una limitación a posibles abusos, pero bajo el control del Pentágono, no hay reglas, todo es válido.

El solo anuncio de una nueva ley de medios de comunicación para Argentina, a la luz de las nuevas circunstancias que vive ese país, a cargo de su Presidenta Cristina Fernández, destapó el avispero. Por una parte, la atacan sus opositores, la derecha y los empresarios de la comunicación; por otra la apoyan abiertamente las organizaciones populares, cooperativas, comunialeas, sindicatos y trabajadores de la prensa. Más de 20 mil organizaciones participaron en el debate previo.

Se trata de una ley marco de 157 artículos que abarcan y regulan cuestiones de propiedad sobre los medios, acceso a nuevas tecnologías, contenidos de los mensajes, porcentajes nacionales de contenidos, cuotas de pantalla , conformación de toda una estructura de comunicación para promover y vigilar la aplicación de la ley etc. Haciendo énfasis en los impactos que sobre la oipinión pública y la sociedad en general tienen los discursos difundidos por todos los medios.

A la luz de tal hecho conviene echar una mirada, aunque somera, sobre lo que pasa en el continente en esta materia.

Contexto regional de la comunicación

El debate por una nueva legislación que regule los sistemas de comunicación en la Argentina no es un hecho aislado ni el resultado directo de una coyuntura política puertas adentro del territorio nacional.

En la reciente visita que realizó el presidente de Venezuela Hugo Chávez al país, en la conferencia de prensa que brindó el 15 de mayo junto a la presidenta Cristina Fernández, el mandatario bolivariano destacó que la lucha contra el terrorismo mediático "es parte de la batalla por la libertad de nuestro continente".

El gobierno venezolano ha sido una de las principales víctimas de la manipulación de los medios masivos, cuyos dueños y representantes participaron abiertamente del intento de golpe de Estado en abril del 2002, calificado internacionalmente como "golpe mediático".

Con ese antecedente, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó en diciembre de 2004 la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión también conocida como Ley Resorte, estableciendo una serie de restricciones y sanciones para frenar los abusos de los medios de información que ejercen un gran poder sobre la opinión pública.

En la actualidad, otros países de la región también están trabajando en consolidar un marco legal de mayor democracia para los sistemas de comunicación. Dentro de esos nuevos procesos, el Foro Ecuatoriano de la Comunicación inició un debate con diversas organizaciones sociales sobre la propuesta de una nueva Ley de Comunicación para ser discutida en la Asamblea Nacional y que -tal como dispone la nueva Constitución- deberá aprobarse antes de octubre de este año.

Según Osvaldo León, director de ALAI, "la nueva Constitución de Ecuador, aprobada por referendo en septiembre del año pasado, es la más avanzada de América Latina, y quizás del mundo, en materia de comunicación"(7).

A su vez, en Brasil, el Tribunal Supremo Federal abolió a fines del pasado mes de abril, la Ley de Prensa vigente desde el año 1967, sancionada también en tiempos de dictadura. Ahora el Parlamento debe asumir la tarea de hacer una nueva ley acorde con la Constitución y con la necesidad de democratizar el acceso a la información(8).

En El Salvador, donde la izquierda representada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha ganado recientemente las elecciones presidenciales, están surgiendo iniciativas como la promovida por el Movimiento para la Comunicación Democrática desde donde diferentes organizaciones y agrupaciones exigen un marco jurídico para que "la comunicación sea un bien público y no una mercancía"(9).

Otro avance en materia legislativa ha sido la aprobación de la Ley de Radiodifusión comunitaria en Uruguay, en diciembre de 2007, gracias a la cual un año después el gobierno autorizó el otorgamiento de licencias a 38 radios comunitarias, además de otras 200 solicitudes que están siendo evaluadas y fueron presentadas a partir de un censo establecido en la ley(10).

A pesar del largo camino que queda por recorrer en todos los países del continente hasta lograr reglamentaciones que verdaderamente limiten el poder de las corporaciones de la información y la comunicación, la participación de la sociedad civil en el debate y la discusión es determinante en la construcción de un acceso igualitario y democrático.

En esa dirección debe apuntarse también la conformación de instancias que potencien y regulen el trabajo de los medios comunitarios, alternativos y populares, ya que es en la consolidación de estos espacios donde la pluralidad de voces y discursos podrá hacerse efectiva.

Seguramente el país de la región con mayores logros en el fortalecimiento de este tipo de medios, sea Venezuela, donde el año pasado a través de una consulta pública realizada en 13 encuentros regionales con más de 1.500 participantes, se elaboró una propuesta para la construcción del Sistema Público Nacional de Comunicación Popular, Alternativa y Comunitaria (SPNCPAC)."De esta manera, la comunicación estará en manos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, en la que se plantea un proceso dialéctico, donde los medios promueven la construcción del poder popular y el poder popular va transformando la propiedad en propiedad social", sostiene el resumen de la propuesta del SPNCPAC, publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela en octubre de 2008. La propuesta contempla además la sostenibilidad y creación de fondos que permitan llevar adelante la iniciativa y a la vez desarrollar la plataforma

POLÉMICA LEY DE MEDIOS EN ARGENTINA

Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de Argentina, anunció la semana pasada una nueva ley de medios para darle acceso equitativo a las frecuencias de radio y TV en tres partes iguales a empresas privadas, al gobierno y a las ONGs como universidades, iglesias, sindicatos y asociaciones de profesionales. Esta ley fue llevada a debate en todas las provincias de argentina.

La ley reemplaza el antiguo sistema de medios que data de la dictadura militar argentina en el cual los medios eran casi en su totalidad privados con un pequeño acceso para ONGs. Establece además una nueva autoridad de medios en donde tendrán voz, para definir el significado de "derecho a la información" la Presidencia y la oposición parlamentaria, las provincias, el sector privado, los cooperativistas, las ONGs y los pueblos originarios.

La Presidanta argentina mencionó el cuestionamiento de por qué no se propuso este tipo de ley en 26 años deunciando el hecho de que hay un "suprapoder" que está por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tiene la suficiente fuerza "para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión."

"Por eso conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión. Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Y porque el derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información y a la distorsión y manipulación de la otra parte."

Algunos han considerado que esta ley es un golpe directo a los intereses del grupo Clarin, también dueño de La Nación, pues reduce de 24 a 10 las licencias para operar medios de comunicación, reduciendo así la capacidad monopólica, y obliga a compartir el poder comunicacional con el Estado y organizaciones sin ánimos de lucro como ONG, organizaciones indígenas, trabajadores, cooperativas y sindicatos de la prensa.

Voceros de ese grupo y directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa
a los empresarios del continente, no se hicieron esperar y empezaron con todas sus baterías el ataque contra lo que consideran atenta contra la libertad de prensa y de expresión.

Pero en cambio ha sido casi unánime el respaldo de organizaciones sociales, comunales, cooperativas, sindicales y de trabajadores de la prensa, como la Unión de Periodistas de Buenos Aires, que participaron activamente en las discuisión previas.

La Presidenta argentina se mostrado de acuerdo en que la discución sobre el derecho de información para todos sean un asunto que se discuta en todos los ámbitos, incluyendo la calle y la vida cotidiana, pues no es sólo un asunto de entendidos.