POLÉMICA LEY DE MEDIOS EN ARGENTINA

Cristina Fernández de Kirchner, Presidenta de Argentina, anunció la semana pasada una nueva ley de medios para darle acceso equitativo a las frecuencias de radio y TV en tres partes iguales a empresas privadas, al gobierno y a las ONGs como universidades, iglesias, sindicatos y asociaciones de profesionales. Esta ley fue llevada a debate en todas las provincias de argentina.

La ley reemplaza el antiguo sistema de medios que data de la dictadura militar argentina en el cual los medios eran casi en su totalidad privados con un pequeño acceso para ONGs. Establece además una nueva autoridad de medios en donde tendrán voz, para definir el significado de "derecho a la información" la Presidencia y la oposición parlamentaria, las provincias, el sector privado, los cooperativistas, las ONGs y los pueblos originarios.

La Presidanta argentina mencionó el cuestionamiento de por qué no se propuso este tipo de ley en 26 años deunciando el hecho de que hay un "suprapoder" que está por encima de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que tiene la suficiente fuerza "para imponer y arrancar decisiones en cualquiera de los tres poderes a partir de la presión."

"Por eso conceptos como libertad de expresión, como libertad de prensa, como derecho a la información, deben ser concebidos e interpretados en su correcta dimensión. Porque libertad de expresión no puede convertirse en libertad de extorsión. Porque libertad de prensa no puede ser confundida con la libertad de los propietarios de la prensa. Y porque el derecho a la información significa el derecho a toda la información, no al ocultamiento de una parte de la información y a la distorsión y manipulación de la otra parte."

Algunos han considerado que esta ley es un golpe directo a los intereses del grupo Clarin, también dueño de La Nación, pues reduce de 24 a 10 las licencias para operar medios de comunicación, reduciendo así la capacidad monopólica, y obliga a compartir el poder comunicacional con el Estado y organizaciones sin ánimos de lucro como ONG, organizaciones indígenas, trabajadores, cooperativas y sindicatos de la prensa.

Voceros de ese grupo y directivos de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que agrupa
a los empresarios del continente, no se hicieron esperar y empezaron con todas sus baterías el ataque contra lo que consideran atenta contra la libertad de prensa y de expresión.

Pero en cambio ha sido casi unánime el respaldo de organizaciones sociales, comunales, cooperativas, sindicales y de trabajadores de la prensa, como la Unión de Periodistas de Buenos Aires, que participaron activamente en las discuisión previas.

La Presidenta argentina se mostrado de acuerdo en que la discución sobre el derecho de información para todos sean un asunto que se discuta en todos los ámbitos, incluyendo la calle y la vida cotidiana, pues no es sólo un asunto de entendidos.