El solo anuncio de una nueva ley de medios de comunicación para Argentina, a la luz de las nuevas circunstancias que vive ese país, a cargo de su Presidenta Cristina Fernández, destapó el avispero. Por una parte, la atacan sus opositores, la derecha y los empresarios de la comunicación; por otra la apoyan abiertamente las organizaciones populares, cooperativas, comunialeas, sindicatos y trabajadores de la prensa. Más de 20 mil organizaciones participaron en el debate previo.

Se trata de una ley marco de 157 artículos que abarcan y regulan cuestiones de propiedad sobre los medios, acceso a nuevas tecnologías, contenidos de los mensajes, porcentajes nacionales de contenidos, cuotas de pantalla , conformación de toda una estructura de comunicación para promover y vigilar la aplicación de la ley etc. Haciendo énfasis en los impactos que sobre la oipinión pública y la sociedad en general tienen los discursos difundidos por todos los medios.

A la luz de tal hecho conviene echar una mirada, aunque somera, sobre lo que pasa en el continente en esta materia.

Contexto regional de la comunicación

El debate por una nueva legislación que regule los sistemas de comunicación en la Argentina no es un hecho aislado ni el resultado directo de una coyuntura política puertas adentro del territorio nacional.

En la reciente visita que realizó el presidente de Venezuela Hugo Chávez al país, en la conferencia de prensa que brindó el 15 de mayo junto a la presidenta Cristina Fernández, el mandatario bolivariano destacó que la lucha contra el terrorismo mediático "es parte de la batalla por la libertad de nuestro continente".

El gobierno venezolano ha sido una de las principales víctimas de la manipulación de los medios masivos, cuyos dueños y representantes participaron abiertamente del intento de golpe de Estado en abril del 2002, calificado internacionalmente como "golpe mediático".

Con ese antecedente, la Asamblea Nacional de Venezuela sancionó en diciembre de 2004 la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión también conocida como Ley Resorte, estableciendo una serie de restricciones y sanciones para frenar los abusos de los medios de información que ejercen un gran poder sobre la opinión pública.

En la actualidad, otros países de la región también están trabajando en consolidar un marco legal de mayor democracia para los sistemas de comunicación. Dentro de esos nuevos procesos, el Foro Ecuatoriano de la Comunicación inició un debate con diversas organizaciones sociales sobre la propuesta de una nueva Ley de Comunicación para ser discutida en la Asamblea Nacional y que -tal como dispone la nueva Constitución- deberá aprobarse antes de octubre de este año.

Según Osvaldo León, director de ALAI, "la nueva Constitución de Ecuador, aprobada por referendo en septiembre del año pasado, es la más avanzada de América Latina, y quizás del mundo, en materia de comunicación"(7).

A su vez, en Brasil, el Tribunal Supremo Federal abolió a fines del pasado mes de abril, la Ley de Prensa vigente desde el año 1967, sancionada también en tiempos de dictadura. Ahora el Parlamento debe asumir la tarea de hacer una nueva ley acorde con la Constitución y con la necesidad de democratizar el acceso a la información(8).

En El Salvador, donde la izquierda representada en el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ha ganado recientemente las elecciones presidenciales, están surgiendo iniciativas como la promovida por el Movimiento para la Comunicación Democrática desde donde diferentes organizaciones y agrupaciones exigen un marco jurídico para que "la comunicación sea un bien público y no una mercancía"(9).

Otro avance en materia legislativa ha sido la aprobación de la Ley de Radiodifusión comunitaria en Uruguay, en diciembre de 2007, gracias a la cual un año después el gobierno autorizó el otorgamiento de licencias a 38 radios comunitarias, además de otras 200 solicitudes que están siendo evaluadas y fueron presentadas a partir de un censo establecido en la ley(10).

A pesar del largo camino que queda por recorrer en todos los países del continente hasta lograr reglamentaciones que verdaderamente limiten el poder de las corporaciones de la información y la comunicación, la participación de la sociedad civil en el debate y la discusión es determinante en la construcción de un acceso igualitario y democrático.

En esa dirección debe apuntarse también la conformación de instancias que potencien y regulen el trabajo de los medios comunitarios, alternativos y populares, ya que es en la consolidación de estos espacios donde la pluralidad de voces y discursos podrá hacerse efectiva.

Seguramente el país de la región con mayores logros en el fortalecimiento de este tipo de medios, sea Venezuela, donde el año pasado a través de una consulta pública realizada en 13 encuentros regionales con más de 1.500 participantes, se elaboró una propuesta para la construcción del Sistema Público Nacional de Comunicación Popular, Alternativa y Comunitaria (SPNCPAC)."De esta manera, la comunicación estará en manos de los trabajadores, de los campesinos, de los indígenas, en la que se plantea un proceso dialéctico, donde los medios promueven la construcción del poder popular y el poder popular va transformando la propiedad en propiedad social", sostiene el resumen de la propuesta del SPNCPAC, publicada por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información de la República Bolivariana de Venezuela en octubre de 2008. La propuesta contempla además la sostenibilidad y creación de fondos que permitan llevar adelante la iniciativa y a la vez desarrollar la plataforma