DERECHOS HUMANOS VIOLADOS EN CÁRCELES COLOMBIANAS.

(Escribe Pulgonzo)



Millares de presos en cárceles colombianas viven en condiciones extremadamente difíciles, inclusive infrahumanas. Entre ellos los presos políticos, que los hay aunque el gobierno se empeñe en negarlo.
En una reciente visita a la cárcel Modelo de Bogotá, enviados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), etablecieron que las condiciones en dicho establecimiento "constituyen un trato cruel, inhumano y degradante hacia los internos". Debe tenerse en cuenta que en las cárceles bogotanas está la mayor cantidad de presos del país y que, entónces, de la gravedad de la muestra puede inferirse sobre la situación general.
Y advierte el CIDH que una de las causas de la crisis humanitaria en las cárceles es la duración excesiva de la detención preventiva, que en sí misma constituye otra violación de los derechos humanos.

Singularidades
Pero hay singularidades sumadas cuantitativa y cualitativamente a los males ya conocidos, originadas en la política de la seguridad democrática, identificada con la persona del Presidente Uribe.
Una de tales singularidades la constituyen las redadas masivas, en relación con las condiciones de reclusión. Como muestra, en redadas de los agentes de seguridad del Estado durante el primer mandato de Uribe hubo 596 capturas de sospechosos de algún tipo de vinculación con las guerrillas. Sin contar grandes opraciones militares contra la población civil como las denominadas Fénix, Marconi, Soberanía, Excalibur, Orión I, Orión II y Saturno.
En sel segundo mandato es paradigmático el caso de La Julia, en la Uribe (Meta), donde capturaron a más de 100 personas, es decir toda la comunidad, incluido el personero municipal que denunció los atropellos de la fuerza pública. En la mayoría de los casos hubo sentencias absolutorias, después de largo tiempo de reclusión que agravaba el problema de sobrepoblación carcelaria, endémico en este país.
Otra la constituyen la represión y la desarticulación de las formas organizativas de la población no funcionales al regimen, y el despojo de las tierras a sus poseedores legítimos despoblando amplias regiones. Las cárceles son abarrotadas de cientos de campesinos traidos de lejanas tierras. En la televisión se ha visto con frecuencia como los bajan de helicópteros militares, amarrados y apenas cubiertos con franelas raídas y pantalonetas, estado en el que son botados a sus calabozos. Como si fueran condenados, cuando apenas son sindicados y por lo tanto no estarían sometidos a tales rigores y sólo a restricciones propias de una detención preventiva.
Estas víctimas sufren desarraigo familiar y cultural, carencia de abrigo, falta de visitas de amigos y familiares y ausencia de abogados conocidos que asuman su defensa.
La otra singularidad es la de los falsos positivos judiciales. Correlato judicial de los falsos positivos con que la fuerza pública involucra criminalmente a civiles buscando premios y prebendas que la seguidad democrática ofrece. Son montajes (verdaderos expedientes) de la inteligencia policial y militar, contraviniendo disposiciones constitucionales.
También se incrementa la población carcelaria con la negociación de la sentencia. El Decreto 418 obliga prácticamente al procesado a declararse guerrillero sin serlo, ofreciéndole beneficios y quitándole cargos.
Por si fuera poco, el Estado ha implementado mecanismos aún más represivos. Como la militarización de las cárceles, desnaturalizando el carácter civilista y resocializador que se les adjudica; los traslados masivos, arbitrarios y lesivos para los internos y que buscan desarticular sus procesos organizativos y liderazgos legítimos o castigar sus denuncias por atropellos; el incremento de dificultades para las visitas de familiares, amigos y hasta defensores; la aplicación de criterios de peligrosidad para confinar presos políticos en cárceles de alta seguridad; desatención médica para presos políticos, aduciendo no formalización de contratos con EPS; reclusión de mujeres con sus niños menores de tres años; se les separa de sus niños como castigo por su rebeldía y firmeza en ocasiones; la amenaza de extradición contra detenidas por rebelión, equiparándolas a narcotraficantes y terroristas.
Esta situación es conocida por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y por la OEA y la ONU, a las que poca atención presta el gobierno.