Las comunidades del municipio de Tauramena, Casanare,denunciaron atropellos y afectaciones serias del medio ambiente por el accionar de la British Petroleoum; a través de la colombiana Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) y la británica Colombia Solidarity Compagn.
La demanda fue presentada ante el Tribunal Permanente de los Pueblos, que sesiona desde ayer y hasta el 18 de mayo en Madrid, España.
Según denuncian estas organizaciones la BP ha secado pozos naturales de agua, contaminando asimismo recursos hídricos destinados al consumo humano, ha ocasionado derrumbes en la zona, y ha provocado contaminación auditiva, lumínica y atmosférica.
Además, la petrolera ha violado los derechos de asociación de los trabajadores, ha intimidado a familias para obligarlas a vender sus tierras, y ha contribuido a discriminar a la mujer de la región, quien es relegada dentro de la industria del petróleo únicamente a trabajos de limpieza, cocina y vigilancia, que se encuentran en la más baja escala salarial.
Más grave aún, las organizaciones denuncian que, dentro de las áreas de exploración y explotación entregadas en concesión por el Estado colombiano, “se ha desarrollado toda clase de delitos que afectan a la población; hay estudios sobre desaparición forzada con 2653 casos, asesinatos aproximadamente 9.000, amenazas, desplazamiento forzado, vulneración del derecho a la movilidad, se ha generalizado la cultura del miedo. Razones por las cuales durante mucho tiempo las comunidades no hacían exigibilidad de sus derechos ante la empresa BP”.
También se indica que petroleras como BP y Oleoducto Central S.A. (Ocensa) “no han asumido su responsabilidad social en busca de alternativas diferentes al sector petrolero”, y “se han limitado solamente a construir pequeñas soluciones de vivienda, capacitaciones, aportes pequeños a las acciones comunales de las zonas de influencia, que no redundan en un bienestar de toda la comunidad”.
Por ello, los demandantes reclaman que se evalúen los impactos ambientales derivados del accionar de las petroleras, se establezcan mecanismos que obliguen a las empresas a respetar los derechos humanos y la libertad sindical, y que se dirija la inversión social realizada por las petroleras hacia proyectos de impacto y de interés general, encaminados a despretrolizar la economía con recursos significativos.
El Tribunal Permanente es una prolongación del famoso Tribunal Russel, que enjuició a criminales nazis después de la II Guerra. Se mantiene con otras denominaciones y otros intereses inherentes a la paz y a los derechos humanos en el mundo. Lo integran jueces de diversos países auropeos y americanos y sus decisiones tienen impacto en la opinión internacional y en organismos como la misma ONU, que consideran sus veredictos para tomar medidas sobre problemas de su incumbencia.
sábado, 15 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario