DE QUE ACUSAN A MANUEL ROSALES EN VENEZUELA

Por Pulgonzo

Ayer las autoridades peruanas anunciaron que el exalcalde de Maracaibo(Venezuela) y opositor al gobierno de Hugo Chávez, Manuel Rosales, estaba en Perú y había presentado una solicitud de asilo político, alegando ser perseguido por sus actividades opositoras. Se aclaró así lo de su paradero, pues desde unas semanas atrás nadie decía saber dónde estaba. Andaba clandestino, aunque sus amigos políticos dijeron que buscaba un país amigo que lo admitiera como asilado.

Manuel Rosales, principal líder opositor, candidato presidencial derrotado en los comicios del 2006 y exalcalde de Maracaibo ( él dice en Peru que todavía es alcalde) es acusado de corrupción administrativa y de enriquecimiento ilegal durante su mandato, de 2002 a 2004, y él,como otros líderes de la oposición, se defiende alegando persecución política de Chávez. Lo cierto es que en la fiscalía general venezolana reposan 26 denuncias en su contra, presentadas desde hace varios años y no sólo ahora. Una de ellas dice que obtuvo ilícitamente 147.389.97 bolívares (unos 68.500 USD). Pero el sospechosos, en vez de presentarse a la justicia y probar su inocencia, prefirió fugarse, confirmando las sospechas, según muchos.

Los hechos relacionados con este enfrentamiento entre Rosales y la justicia venezolana se enmarcan en la estrategia opositora de recuperar el poder nacional por la fuerza, ante una perspectiva electoral confusa para ellos a partir de las quince elecciones seguidas que ha ganado Chávez. El alcalde de Caracas por ejemplo ha hecho un nuevo llamado al ejército para que protagonice un golpe de Estado contra Hugo Chávez.

La fiscal de la República, Katiuska Plaza, subrayó que Rosales fue incapaz de justificar la procedencia de los fondos que aumentaron sustancialmente el valor de su patrimonio personal. Éste, si es reconocido culpable, arriesga entre 3 y 10 años de prisión. Interrogado por la agencia de prensa estadounidense Associated Press , el abogado de Rosales, Álvaro Castillo, no quiso dar más detalles.

Rosales, cuyo juicio se transfirió a Caracas después de que se entrevistara con cuatro jueces del Estado de Zulia, es sospechoso, entre otras cosas, de donar más de 300 vehículos pertenecientes al Estado a familiares y amigos, de abrir empresas en Miami cuyos activos superan los 11 millones de dólares y de recibir sobornos por parte de la empresa alemana Siemens para la construcción del metro de Maracaibo. Esta multinacional reconoció que había pagado ciertas sumas para conseguir el contrato, sin citar ningún nombre.

Omar Barboza, presidente del partido Un Nuevo Tiempo, al cual pertenece Rosales, sostiene que el gobierno bolivariano intenta eliminar a un adversario político. Pero omite precisar que el enjuiciamiento de Rosales en 2009 en realidad no es más que la consecuencia de una investigación que se abrió en septiembre de 2004, es decir hace casi cinco años.
Manuel Rosales, alcalde de Maracaibo.

Cilia Flores, presidenta de la Asamblea Nacional , rechazó las acusaciones de Barboza: “Incurrió en una cantidad de delitos que no son políticos, son hechos de corrupción, delitos de enriquecimiento ilícito” . Añadió que Rosales, además de huir de sus responsabilidades personales frente a la justicia venezolana, ya no asumía sus obligaciones como alcalde de la ciudad de Maracaibo.

Por su parte , el Ministro de Información Jesse Chacón afirmó que las pruebas contra Rosales son suficientemente numerosas para que sea presentado ante la justicia: “Se han presentado una serie de hechos que están contenidos en un expediente, de casas, haciendas y centros comerciales que están a su nombre y de sus familiares, y el problema no es que se acuse sino que se defienda” . Rechazó los intentos de politización de un asunto de corrupción: “La pregunta es si existen o no suficientes indicios para llevar adelante una indagatoria y en el caso de Rosales se sabe que los hay” .

Chacón admitió que no estaba sorprendido por el comportamiento de la oposición. “Siempre se ha comportado así. Eso mismo se pudo ver con el golpe de Estado del 11 de abril de 2002; el día 12 salieron todos en los medios de comunicación, todos habían participado en el golpe, pero el 14 nadie habló, aquí no hubo ningún golpe de Estado” , añadió en tono sarcástico, en referencia al rechazo del Tribunal Supremo de la época, controlado por la oposición, de admitir la realidad de un golpe de fuerza del golpista Pedro Carmona Estanga, ahora residente en Colombia.

En efecto, Manuel Rosales participó activamente en el golpe de Estado de abril de 2002 contra el presidente Hugo Chávez. Firmó el decreto que disolvió todas las instituciones de la nación. Después, el Tribunal Supremo lo absolvió mediante un veredicto que levantó la indignación de amplios sectores venezolanos. El 3 de abril de 2009, la justicia condenó a tres comisarios y seis policías responsables de los asesinatos de manifestantes en abril de 2002. Fueron las primeras condenas de responsables de crímenes perpetrados durante el golpe.

Rosales debía presentarse antes del 20 de abril de 2009 al tribunal para responder por los 26 cargos en su contra. Como no se presentó, se le considera prófugo de la justicia. Ha abandonado sus obligaciones como alcalde.

La denuncia que presentaron los abogados de Rosales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no fue admitida por dicha instancia, ilustrando así su desacuerdo con el intento de politizar un asunto de delincuencia común.