INFORME DE AMNISTIA INTERNACIONAL SOBRE COLOMBIA, APARTES

El informe de Amnistía Internacional divulgado ayer en Londres advierte que la persistencia del conflicto colombiano "entre paramilitares respaldados por el ejército, grupos guerrilleros y fuerzas de seguridad tuvo como consecuencia graves abusos contra los derechos humanos, especialmente en algunas regiones y áreas rurales".

Todos las partes implicadas cometieron además violaciones del DIH (Derecho Internacional Humanitario), como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. "Sin embargo murieron menos civiles que en años recientes".

Persistíeron los secuestros, y los grupos guerrilleros fueron responsables de la mayor parte de los relacionados con el conflicto, si bien se recibieron menos informes de casos que en años anteriores.

Continuaron produciéndose ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos, así como contra activistas de la sociedad civil; de la mayoría de esas agresiones se culpó a grupos paramilitares.

Los grupos paramilitares mataron a menos personas que en años anteriores. Sin embargo, aumentaron los informes sobre homicidios de civiles a manos de las fuerzas de seguridad. Los grupos paramilitares siguieron activos en muchas partes del país pese a su supuesta desmovilización. También aumentó el número de personas que se vieron obligadas a huir de sus hogares a causa del conflicto. Se culpó a las FARC de muchos de los homicidios de candidatos en la campaña electoral de los comicios locales de octubre.


Se realizaron algunos progresos en varias investigaciones destacadas sobre abusos contra los derechos humanos, aunque la impunidad siguió siendo motivo de honda preocupación. Aproximadamente 40 miembros del Congreso aparecieron implicados en las investigaciones judiciales que continuaban indagando los vínculos entre autoridades estatales y grupos paramilitares. A cambio de una reducción en las penas de prisión, varios líderes paramilitares «desmovilizados» prestaron declaración ante tribunales especiales sobre su implicación en violaciones de los derechos humanos y sus vínculos con las fuerzas de seguridad.

Homicidios cometidos por las fuerzas de seguridad
Según los informes, los miembros de las fuerzas de seguridad ejecutaron extrajudicialmente al menos a 280 personas en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007. Los militares a menudo presentaban a sus víctimas, en su mayoría campesinos, como «guerrilleros muertos en combate». La mayoría de los homicidios se remitían al sistema de justicia militar, que habitualmente procedía al archivo de tales casos sin realizar ningún intento genuino de hacer rendir cuentas a los responsables.



Grupos paramilitares
El gobierno aseguró que se había desmovilizado a más de 31.000 combatientes y que ya no había paramilitares activos. Las autoridades atribuyeron la continuada violencia a bandas criminales dedicadas al narcotráfico. Si bien es verdad que determinados grupos paramilitares se habían transformado en bandas criminales relacionadas con las drogas y que cierta violencia estaba vinculada a disputas entre esos grupos, había claros indicios de que los grupos paramilitares tradicionales seguían operando en muchas partes del país con nombres nuevos, como los «Águilas Negras» y la «Organización Nueva Generación». Continuaron los informes sobre connivencia entre paramilitares y fuerzas de seguridad.

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia, de la Organización de los Estados Americanos, publicó en febrero su octavo informe trimestral, donde afirmaba que había identificado 22 nuevas estructuras compuestas por aproximadamente 3.000 integrantes, aunque otras fuentes sugirieron que la cifra era muy superior. En el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007, al menos 230 homicidios de civiles se atribuyeron a los paramilitares, ya fuera actuando por su cuenta o en connivencia con fuerzas de seguridad.

Impunidad
La impunidad seguía siendo la norma en la mayoría de los casos de abusos contra los derechos humanos. Aunque se registraron algunos progresos en varios casos emblemáticos, en otros muchos no hubo avance alguno en la determinación de responsabilidades en la cadena de mando.

Las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) siguieron cometiendo abusos contra los derechos humanos y graves y reiteradas violaciones del derecho internacional humanitario, como el homicidio de civiles y la toma de rehenes. Más de 210 homicidios de civiles se atribuyeron a los grupos guerrilleros en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007.
§ Según los informes, el ELN mató el 14 de marzo a cuatro personas en San Joaquín, municipio de Mercaderes, departamento del Cauca.

Parte de la población del departamento de Arauca huyó de sus hogares a causa de las escaramuzas armadas y del homicidio selectivo de civiles derivados del continuado conflicto entre las FARC y el ELN. Entre las víctimas había dirigentes sociales y comunitarios a los que cada bando acusaba de apoyar al otro.

Las FARC siguieron teniendo en su punto de mira a personas que desempeñaban cargos designados por elección, y al parecer fueron también responsables de la mayor parte de los 29 homicidios de aspirantes a cargos municipales que se cometieron durante la campaña para las elecciones locales celebradas el 28 de octubre.

Secuestros y toma de rehenes
Aunque siguió reduciéndose el número de secuestros –de los 687 de2006 a los 521 de 2007–, las cifras seguían siendo muy elevadas. Los grupos guerrilleros, principalmente las FARC y en mucho menor grado el ELN, fueron responsables del secuestro de aproximadamente 150 personas; la mayoría de esos secuestros estaban relacionados con el conflicto, mientras que la mayor parte de los secuestros restantes fueron obra de bandas criminales. Hubo alrededor de 125 secuestros que no pudieron atribuirse a ningún autor concreto

Violencia contra las mujeres
Todas las partes del conflicto continuaron sometiendo a mujeres y niñas a abusos sexuales y otras formas de violencia. Se obligaba a mujeres guerrilleras a abortar o a tomar anticonceptivos, conculcando de ese modo sus derechos reproductivos.

Según los informes, paramilitares y bandas criminales reclutaron a la fuerza en varias partes del país a mujeres y niñas como trabajadoras sexuales. En el departamento de Putumayo se dio muerte al menos a cinco de esas mujeres.

Civiles en peligro
La población civil seguía siendo la más castigada por el conflicto, especialmente las personas pertenecientes a comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, muchas de las cuales vivían en tierras de interés económico para las partes beligerantes. Al menos 1.340 civiles murieron de forma violenta o fueron víctimas de desaparición forzada en el periodo de 12 meses concluido en junio de 2007. También hubo más de 305.000 nuevos casos de desplazamiento interno en 2007. La cifra de personas desplazadas internamente desde 1985 era de entre tres y cuatro millones.

Los paramilitares y la guerrilla seguían reclutando a menores de edad. El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) calculó que en Colombia había entre 6.000 y 7.000 niños y niñas soldados.
También se produjeron varios atentados con bomba en áreas urbanas, algunos de los cuales las autoridades atribuyeron a las FARC.


Defensoras y defensores de DD.HH y otros activistas
Defensores y defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, activistas sociales y comunitarios y periodistas siguieron siendo objeto de ataques, sobre todo por parte de grupos paramilitares.
Durante el año se produjeron asaltos y robos de información sensible en oficinas de varias ONG de derechos humanos, entre ellas Reiniciar, Corporación Jurídica Yira Castro, Movimiento de Reconciliación y Justapaz.
En febrero, según informes, unas 70 ONG, sindicatos y otras organizaciones sociales recibieron amenazas de muerte de paramilitares a través del correo electrónico. En junio, ocho ONG de derechos humanos del departamento de Nariño recibieron amenazas de muerte telefónicas y a través del correo electrónico enviadas por el grupo paramilitar Organización Nueva Generación, según informes. Este grupo había enviado amenazas similares a 13 ONG de Nariño en marzo.

Al menos 39 sindicalistas murieron de forma violenta en 2007. En enero comenzó a funcionar la Representación Permanente de la Organización Internacional del Trabajo en Colombia, establecida para observar los derechos de los sindicalistas en el país y el trabajo de la unidad especial creada dentro de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación para investigar casos relacionados con atentados contra la vida y la integridad física de sindicalistas.

La inquietud que el homicidio de sindicalistas colombianos suscitó en el Congreso estadounidense dificultó los esfuerzos para lograr un acuerdo de libre comercio entre Colombia y Estados Unidos.
El presidente Uribe hizo nuevos comentarios que daban a entender que las organizaciones de derechos humanos tenían vínculos con grupos guerrilleros. En julio, el presidente dijo: «Ahora la estrategia guerrillera es otra: cada vez que se le da una baja a la guerrilla, ahí mismo moviliza a sus corifeos en el país y en el extranjero para decir que fue una ejecución extrajudicial».

Ayuda militar estadounidense
La ayuda de Estados Unidos a Colombia ascendió en 2007 aunos 727 millones de dólares, de los que aproximadamente el 82 por ciento se destinó a las fuerzas de seguridad. Unos 595 millones de dólares del monto total procedían de los presupuestos para Operaciones Exteriores, y de ellos el 25 por ciento dependía de los avances del gobierno colombiano en determinados indicadores de derechos humanos. En abril, la secretaria de Estado estadounidense, Condoleezza Rice, certificó que Colombia estaba realizando progresos en el ámbito de los derechos humanos y autorizó el pago del total del 25 por cierto de los fondos condicionados a esa materia del ejercicio fiscal 2006. No obstante, el Congreso estadounidense retuvo la cesión de los fondos destinados a las fuerzas armadas, que ascendían a unos 55,2 millones de dólares, a causa de la preocupación generada en torno las ejecuciones extrajudiciales y el escándalo para-político. Pese a la celebración de tres rondas de preguntas y respuestas, el Congreso no aceptó los argumentos para que se certificasen los avances de Colombia en materia de derechos humanos y, al finalizar el año, el dinero seguía retenido.

En diciembre, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, firmó la entrada en vigor de importantes cambios en la ayuda estadounidense a Colombia. Las ayudas a las fuerzas militares y policiales de los presupuestos para Operaciones Exteriores se redujeron en un 31 por ciento y la ayuda social y económica se incrementó en un 70 por ciento. La condición de cumplir determinados requisitos en materia de derechos humanos se amplió al 30 por ciento de la ayuda y se requirió de las autoridades colombianas el desmantelamiento de los «grupos armados sucesores», con lo que se reconocía por parte del gobierno estadounidense que la actividad paramilitar continuaba en Colombia. La cifra total de asistencia a Colombia fue de 44 millones de dólares menos que la solicitada por el presidente Bush para 2008.

Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
En septiembre, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos anunció que el gobierno había acordado prorrogar por tres años el mandato de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

Con respecto a la aplicación por parte del gobierno de las recomendaciones sobre derechos humanos formuladas por la ONU, el Informe sobre Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, publicado en marzo, manifestaba que «el cuadro de implementación era todavía variado, particularmente en el caso de las recomendaciones sobre la revisión de los archivos de inteligencia, la reducción de los índices de impunidad, la cesación de vínculos entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y la mejoría de la calidad de las estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario». En el informe se expresaba también preocupación por la continuada presencia de paramilitares, los crecientes informes sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por las fuerzas de seguridad y las infracciones del derecho internacional humanitario por parte de los grupos guerrilleros, y en particular las FARC.


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